Los rebrotes obligan a las empresas a recurrir de nuevo a los ERTES

Repunte de solicitudes de ERTE por causas de Fuerza Mayor.

En las últimas semanas, España ha detectado más de 200 brotes activos de coronavirus que afectan a miles de personas y algunas comunidades han limitado la actividad de sus negocios. 

Los rebrotes del COVID-19 han vuelto a afectar a cientos de negocios que habían ido recuperando poco a poco su actividad y, con ella, a sus empleados del ERTE por causa de Fuerza Mayor. Varios municipios han retrocedido de fase y han vuelto a imponer restricciones para los negocios, en aforo o incluso prohibición de determinadas actividades como ocio nocturno.

Especialmente delicada es la situación de los autónomos empleadores que hicieron grandes inversiones en material de protección y acondicionamiento de su actividad, y empezaron a desafectar a sus trabajadores del ERTE.

El acuerdo alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos para extender los ERTEs y sus exoneraciones en las cuotas empresariales ya previó a través de una clausula que, en el supuesto de haber un rebrote con restricciones para las actividades, los empleadores afectados podrían volver a acogerse a esta medida.

En caso de rebrote, los negocios afectados podrían disfrutar de nuevo de una exoneración de sus cuotas empresariales del 80% si tienen una plantilla inferior a 50 trabajadores y del 70% si tienen más de 50 empleados.

Se trataría de nuevo de un expediente por causa de fuerza mayor en el que la autoridad laboral tendría, eso sí, que “determinar que se dan las condiciones”.

Las empresas que se acojan a un ERTE por Fuerza Mayor por un rebrote deberán cumplir con las mismas condiciones previstas en el resto de expedientes. Es decir, tendrán que comprometerse a mantener el empleo durante seis meses desde la reincorporación de sus trabajadores. Tampoco podrán despedir, a no ser que exista riesgo de concurso de acreedores para la empresa y, como novedad, no podrán contratar a nuevos empleados mientras tengan a alguno con empleo suspendido o jornada reducida.

También, del mismo modo que ocurrió con el estado de alarma, tendrán que demostrar ante la autoridad competente que su actividad se ha visto afectada por las nuevas restricciones impuestas en determinadas actividades. Lo único que cambia, en este caso, es que será una orden del Gobierno autonómico y no del central la que determine si un negocio se ve afectado o no por esta causa de Fuerza Mayor.

Una de cada diez empresas está siendo inspeccionada por pedir un ERTE y el 8% de los inspeccionados han sido sancionados. 

El 11% de las empresas que han presentado un ERTE ya han sido inspeccionadas o han recibido una notificación de que recibirán una visita de la Inspección de Trabajo en los próximos días.

Son datos que ha proporcionado el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, al igual que otro dato muy significativo. De todas las empresas que han sido inspeccionadas, un 8% han recibido algún expediente sancionador.

Según esta misma fuente casi la mitad de las organizaciones que realizaron un ERTE por fuerza mayor tienen en mente agotar el plazo que les otorgue el Gobierno. De ahí que los Órganos oficiales estén iniciando procesos de Inspección. Con el objetivo de vigilar que las empresas o los autónomos con empleados a su cargo no estén aprovechando ventajas que no les pertenecen.

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